BUCARAMANGA. Criterios éticos jurídicos e inteligencia artificial en la divulgación de datos abiertos en la contratación pública de Colombia

La inteligencia artificial entendida como una tecnología con múltiples beneficios (Conpes 3975/2019, p.21) permite el marco del desarrollo de las tareas públicas, entre ellas, la contratación estatal contribuir a la resolución de problemas sociales tales como demoras injustificadas, corrupción, desviación de recursos, paralización de obras, falta de transparencia y rendición de cuentas, entre otras, toda vez que reemplaza tareas humanas por procesos más automatizados y autónomos, permite analizar grandes cantidades de información para seguimiento que pueda utilizarse por las autoridades públicas que realizan inspección o para el control ciudadano. No obstante, en el ejercicio de estas areas apoyados en la tecnología pueden materializarse riesgos que pongan en peligro la protección de los derechos de las personas como los datos personales de éstos, toda vez que aún no se tiene la capacidad de efectuar un análisis que permita ponderar los de rechos personales de las personas en donde reposa información en custodia de las entidades públicas vs la información pública que debe darse a conocer por todos en el marco del acceso a la información pública como derecho fundamental. Las medidas de seguridad que todos —empresas, gobierno y personas— deben adoptar son el punto clave mediante el cual se puede conseguir una protección adecuada de los derechos de las personas y usuarios en la sociedad de la información y el conocimiento (Arellano 2013 citado por Madrid, 2023). En ese sentido, se requiere efectuar un análisis donde se apoyen los procesos públicos como los de contratación en el marco de la inteligencia artificial pero también de la ley de protección de datos personales. Se utiliza una metodología cualitativa a fin de analizar el problema jurídico y buscar soluciones innovadoras y éticas como la creación de una herramienta que permita el análisis de los datos de la contratación pública, sus categorías y contrastarlos con la ley de protección de datos para evitar su vulneración en los procesos que apoya la inteligencia artificial.